El 27 de noviembre de 2024, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), entidad adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), presentó un proyecto que busca implementar medidas para asegurar el pluralismo e imparcialidad en los contenidos televisivos y audiovisuales en Colombia. Según la CRC, el objetivo es evaluar y, de ser necesario, actualizar el marco regulatorio vigente para cumplir con estos propósitos. 
Sin embargo, al intentar acceder al documento detallado de la propuesta en la página oficial de la CRC, los usuarios encuentran un enlace inactivo o protegido por contraseña, lo que impide su consulta pública. Inicialmente, se estableció el 5 de diciembre de 2024 como fecha límite para recibir comentarios, lo que generó inquietudes debido al corto plazo otorgado para la participación ciudadana. 
Ante esta situación, la CRC informó que el proyecto está en proceso de publicación y que la imposibilidad de acceso se debe a problemas técnicos en revisión. Además, aclaró que la nueva fecha límite para recibir comentarios será el 24 de enero de 2025, y se comprometió a notificar cuando los enlaces estén disponibles para consulta. 
El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, afirmó que tanto la CRC como el proyecto en cuestión operan de manera independiente. Aunque tiene un puesto en la entidad, delega su asistencia al viceministro. Lizcano se comprometió a consultar los detalles de la iniciativa para comprender su alcance. 
Este proyecto surge en un contexto de tensiones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y los medios de comunicación, especialmente aquellos críticos de su gestión. En los últimos meses, se han registrado inspecciones gubernamentales a canales como Canal 1 y operativos de vigilancia en medios como Caracol Televisión y RCN, lo que ha generado debates sobre la libertad de prensa en el país. 
La propuesta de la CRC ha suscitado diversas reacciones. Algunos sectores la consideran un avance hacia la democratización de la información, mientras que otros expresan preocupación por una posible intervención estatal en los contenidos mediáticos. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha manifestado que este tipo de iniciativas podrían afectar la libertad de prensa y consolidar fracturas entre medios comunitarios y tradicionales. 
Es fundamental que la ciudadanía y los actores involucrados participen activamente en la discusión de esta propuesta para garantizar que cualquier cambio en la regulación de los medios respete los principios democráticos y la libertad de expresión en Colombia.
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