La Procuraduría General de la Nación ha emitido serias advertencias al Ministerio de Salud sobre un contrato de $20,000 millones destinado al desarrollo y mantenimiento de software, solicitando una suspensión temporal para evitar posibles irregularidades. Según el Procurador Delegado, Marcio Melgosa, el proceso presenta riesgos, como la publicación de una adenda el día de cierre, lo cual podría limitar la capacidad de los oferentes de ajustar sus propuestas, afectando los principios de economía y transparencia establecidos en el Decreto 1082 de 2015.
Además, la Procuraduría cuestionó la inclusión de una certificación de calidad CMMI como criterio de calificación, lo cual contradice la normativa vigente. Este requerimiento restringiría la participación de algunos oferentes y podría interpretarse como una barrera injusta. La entidad de control ha solicitado al Ministerio no solo considerar la suspensión, sino también evaluar la revocatoria del proceso para garantizar una contratación transparente.
La situación se suma a recientes controversias de contratación en el sector público, como el caso de la Agencia de Logística de las Fuerzas Militares. La advertencia refleja una creciente preocupación sobre los procesos contractuales, con un llamado a cumplir rigurosamente las normas y principios que sustentan la contratación estatal en Colombia.
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