CNE investiga la campaña de Petro, pero no puede destituirlo: las competencias en juego

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dado inicio a una investigación formal sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 por presuntas violaciones a los topes de financiación. La medida ha provocado una enérgica reacción del mandatario, quien la calificó como el comienzo de un “golpe de Estado blando” en su contra, advirtiendo que la institucionalidad de la Presidencia está en riesgo. No obstante, el CNE, presidido por César Lorduy, ha aclarado que su investigación es estrictamente administrativa y no tiene facultades para destituir al presidente.

Competencias del CNE y la comisión de acusaciones

El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han respaldado la capacidad del CNE para investigar la financiación de todas las campañas políticas, incluida la del presidente Petro, pero han subrayado que cualquier decisión que implique la destitución del jefe de Estado recae exclusivamente en el Congreso, a través de la Comisión de Acusaciones. Según el presidente del CNE, César Lorduy, este organismo solo puede analizar posibles irregularidades y, de hallarse méritos, remitir el caso al Congreso para que sea este quien determine una eventual sanción.

La defensa del presidente y las implicaciones jurídicas

Gustavo Petro ha insistido en que las acciones del CNE son un atentado contra sus fueros como presidente. Sin embargo, el proceso avanza bajo los lineamientos de la ley electoral colombiana, que establece que cualquier infracción relacionada con los topes de financiación debe ser investigada, tal como se hace con cualquier campaña política. El CNE, por su parte, ha asegurado que la investigación se desarrolla con pleno respeto al debido proceso, y que todas las partes tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos antes de cualquier resolución.

Este proceso abre un nuevo capítulo en la relación entre los poderes electorales y la Presidencia, evidenciando las tensiones inherentes a la fiscalización de las campañas políticas, y sugiere que el debate en torno a los límites del poder del CNE apenas comienza.