A partir de la fecha, las autoridades de tránsito en Colombia han comenzado a aplicar medidas más estrictas contra los conductores de vehículos particulares que presten servicios a través de aplicaciones de transporte sin la autorización correspondiente. La multa establecida por esta infracción alcanza los $1.300.000 para el año 2024.
La Superintendencia de Transporte emitió una directiva contundente a las autoridades locales, instándolas a hacer cumplir la normativa vigente en materia de transporte público. Según la circular de la SuperTransporte, cualquier vehículo particular sorprendido prestando servicios de transporte sin la debida autorización será inmovilizado de inmediato. Esta medida se sustenta en las disposiciones de la Ley 336 de 1996 y la Ley 769 de 2002, que regulan la operación de servicios de transporte público en el país.
Circunstancias para la inmovilización de vehículos
La nueva circular recalca la obligatoriedad de inmovilizar los vehículos particulares que ofrezcan servicios de transporte sin la debida autorización. Esto ya estaba contemplado en el literal e) del numeral 49 de la Ley 336 de 1996. La ley establece que la prestación de servicios de transporte sin la habilitación requerida constituye una infracción grave, que amerita sanciones inmediatas.
Las autoridades locales están obligadas a implementar de inmediato las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de esta normativa. La Superintendencia de Transporte ha dado un plazo de tres días a partir del 6 de septiembre para que las autoridades locales ajusten sus operativos de control y empiecen a aplicar las medidas. Además, se exige un reporte detallado de las acciones tomadas en un plazo de cinco días tras la expedición de la circular.
La entidad manifestó su preocupación por la resistencia a la aplicación de estas medidas por parte de algunas autoridades locales, que justifican su inacción en interpretaciones propias de la ley. Sin embargo, la Superintendencia ha reiterado la necesidad de aplicar la normativa sin excepciones.
Multas y sanciones
La infracción D12, que implica conducir un vehículo para un servicio diferente al autorizado por la licencia de tránsito, conlleva una multa de $1.300.000 en 2024. Además de la sanción económica, las consecuencias incluyen la inmovilización del vehículo, que puede extenderse de cinco a cuarenta días. En casos de reincidencia, la licencia de conducción puede ser suspendida hasta por 25 años, lo que refleja la severidad con la que las autoridades buscan abordar esta problemática.
Respuesta de las plataformas de transporte
Tras el pronunciamiento de la SuperTransporte, José Daniel López, presidente de Alianza IN, gremio que agrupa a aplicaciones e innovadores en América Latina, criticó la medida. López argumentó que la persecución a los conductores de aplicaciones no contribuye a la justicia social ni a la economía popular. Según él, estas medidas son obsoletas, ya que la mayoría de los países en América Latina y el mundo han optado por regular, en lugar de prohibir, estas plataformas.
Esta controversia marca un nuevo capítulo en la disputa entre la regulación estatal y la operación de aplicaciones de transporte en Colombia, un tema que continúa siendo objeto de debate en la búsqueda de un equilibrio entre la innovación y el cumplimiento de la ley.
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