El Ministerio de Hacienda, encabezado por Ricardo Bonilla, radicó este 10 de septiembre ante la Secretaría de la Cámara de Representantes la segunda reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro. Este proyecto busca asegurar el financiamiento del presupuesto de 2025, cuyo valor inicial es de 523 billones de pesos, mediante una serie de ajustes fiscales que permitirían recaudar aproximadamente 12 billones de pesos adicionales.
Entre las medidas clave de la reforma, se contempla un ajuste en la tarifa de renta para las empresas, excluyendo al sector de petróleo y carbón, que ya cuentan con una sobretasa vigente. Además, se amplía el impuesto al carbón, afectando a todos los sectores que utilizan este combustible.
Otro de los puntos centrales de la reforma es la ampliación de la base del IVA. Servicios que hasta ahora no estaban gravados, como las apuestas deportivas en línea o los servicios de alojamiento temporal tipo Airbnb, comenzarían a pagar este impuesto. Asimismo, productos como los vehículos híbridos, que actualmente tributan un 5 %, verían un incremento en su tarifa al 19 %, lo cual permitiría recaudar hasta 3 billones de pesos.
La reforma también incluye incentivos para sectores estratégicos. Se otorgarán beneficios tributarios para las energías renovables y se fomentará el turismo en municipios con menos de 200.000 habitantes, a través de exenciones del IVA en tiquetes aéreos en rutas donde no haya acceso terrestre. Adicionalmente, se extenderá la exención del IVA por cinco años en la reposición del parque automotor, siempre y cuando se apueste por tecnología limpia y no se trate de una simple sustitución de vehículos a diésel por otros del mismo tipo.
Por otro lado, se introduce un ajuste en el impuesto al patrimonio, con el objetivo de gravar únicamente los activos improductivos, mientras que los activos productivos mantendrán su tratamiento preferencial. Esta medida busca fomentar el crecimiento y la productividad, incentivando a las empresas a reorganizar sus activos.
La propuesta llega en un momento crucial para las finanzas públicas, ya que coincide con la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2025, el cual debe ser aprobado antes del 15 de septiembre. Sin embargo, ha generado resistencia en el Congreso, donde varios legisladores consideran que el presupuesto está desfinanciado y cuestionan la necesidad de nuevos recursos, dado que aún existen fondos públicos no ejecutados en su totalidad.
La discusión sobre esta reforma promete ser intensa en los próximos días, ya que de no llegar a un acuerdo antes de la fecha límite, el gobierno podría verse obligado a aprobar el presupuesto por decreto.
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