El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene plena facultad para llevar a cabo investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, según la reciente decisión del Consejo de Estado. Sin embargo, su capacidad se limita a imponer sanciones administrativas, dejando en manos de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes las posibles consecuencias penales o disciplinarias.
Este viernes, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolvió la disputa de competencias entre el CNE y la Comisión de Investigación y Acusación, determinando que el CNE puede proceder con las indagaciones pertinentes. Esta decisión se deriva de una solicitud realizada en mayo por tres representantes de la comisión parlamentaria, quienes pidieron al CNE que entregara todas las investigaciones relacionadas con la financiación de la campaña de Petro.
El Consejo de Estado, en su fallo de 31 páginas firmado por los magistrados Ana María Charry, María del Pilar Bahamón y John Jairo Morales, afirmó que el fuero especial del Presidente, que se refiere a investigaciones penales y disciplinarias, no se extiende a las investigaciones administrativas sobre la financiación de campañas. Por lo tanto, el CNE es competente para investigar y, de ser necesario, sancionar administrativamente al presidente y su equipo de campaña.
Es importante destacar que, aunque el CNE puede emitir sanciones administrativas, cualquier decisión sobre la pérdida de investidura del Presidente queda exclusivamente bajo la jurisdicción de la Comisión de Acusaciones del Congreso. Esta última es la única instancia con capacidad para realizar investigaciones penales y disciplinarias contra el mandatario.
La determinación del Consejo de Estado es vinculante y despeja el camino para que el CNE continúe con el proceso, incluyendo la posible apertura de una investigación formal contra el presidente Petro, su exgerente de campaña Ricardo Roa y otros miembros del Pacto Histórico involucrados en la campaña.
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