El presidente Gustavo Petro anunció que firmará este martes 24 de febrero un nuevo decreto de estado de emergencia económica, en medio de la crisis fiscal que enfrenta el país y tras la controversia generada por la suspensión de un decreto anterior por parte de la Corte Constitucional.
El anuncio lo hizo a través de su cuenta en X, donde confirmó que la medida incluirá un nuevo gravamen dirigido al sistema financiero. En concreto, se trataría de una sobretasa al impuesto de renta que pagan las entidades bancarias, con el objetivo de aumentar los ingresos fiscales bajo el marco de la emergencia económica.
“Este crecimiento de las utilidades (de los bancos) no se debe al crecimiento económico real sino al alza de interés interno promovida por el Banco de la República. Poner un impuesto a estas ganancias extraordinarias se volvió pecado y es lo más justo que se pudiera hacer y es lo que va en el nuevo decreto de emergencia que voy a firmar mañana”, escribió el mandatario.
Emergencia económica como herramienta fiscal
La figura de emergencia económica ha sido utilizada por el actual Gobierno para implementar reformas tributarias y ajustes fiscales con fuerza de ley en momentos en que el Congreso no ejerce control político pleno, ya sea porque ha hundido proyectos clave o se encuentra en receso.
En diciembre de 2025 ya se había emitido un decreto similar tras el rechazo de una reforma tributaria, aunque posteriormente fue suspendido de manera temporal por la Corte Constitucional.
Con este nuevo decreto, el Ejecutivo busca volver a recurrir a la emergencia para introducir gravámenes adicionales. Además de la sobretasa a las utilidades de los bancos, expertos tributarios advierten sobre la posibilidad de un impuesto al patrimonio para grandes empresas, con tarifas que podrían oscilar entre el 0,6% y el 1,2% sobre altos niveles de riqueza empresarial.
Debate por límites institucionales
El uso reiterado de la emergencia económica para crear nuevas figuras tributarias ha abierto un debate sobre los límites institucionales y el alcance del poder ejecutivo.
Sectores de la sociedad sostienen que esta herramienta debería reservarse para situaciones catastróficas imprevisibles y no para resolver desacuerdos fiscales entre el Gobierno y el Legislativo, postura que ya ha sido llevada ante instancias judiciales mediante demandas.
Mientras tanto, el presidente Petro defiende la medida como una respuesta necesaria ante la crisis fiscal. Según ha reiterado, los recursos adicionales deben provenir de sectores con mayor capacidad contributiva, como el sistema financiero y las grandes empresas, con el objetivo de “equilibrar” las finanzas del Estado.
La decisión abre un nuevo capítulo en la tensión entre el Ejecutivo, el sistema financiero y las altas cortes, en un momento clave para la estabilidad fiscal del país.
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