Ante la emergencia provocada por la primera temporada de lluvias de 2026, el Ministerio de Educación Nacional emitió una serie de medidas preventivas y de respuesta para proteger la vida de estudiantes, docentes y comunidades académicas, y garantizar la continuidad del servicio educativo en colegios y universidades del país.
La directriz, actualizada el 8 de febrero, ordena a las Secretarías de Educación, establecimientos educativos e instituciones de educación superior activar los mecanismos establecidos en la Resolución 06519 de 2025, a través de los Comités y Mesas Territoriales de Gestión del Riesgo Escolar. El llamado se produce en medio de alertas por lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje en el Caribe y el Pacífico colombiano, fenómenos que podrían generar inundaciones, deslizamientos, crecientes súbitas y afectaciones a la infraestructura educativa.
El Ministerio enfatizó que las decisiones deberán adoptarse bajo la normatividad vigente y respetando la autonomía de las Entidades Territoriales Certificadas y de las instituciones educativas, con un objetivo claro: salvaguardar la vida y garantizar el derecho a la educación en condiciones seguras.
Prevención, reducción del riesgo y respuesta a emergencias
Las orientaciones se estructuran en tres ejes principales. El primero es el conocimiento del riesgo, que incluye la verificación permanente de boletines del Ideam, la UNGRD y autoridades locales, la identificación de infraestructuras vulnerables y la evaluación de posibles impactos en vías de acceso, servicios básicos y sedes educativas.
El segundo eje corresponde a la reducción del riesgo, con acciones como el monitoreo de ríos cercanos a instituciones educativas, el mantenimiento preventivo de infraestructuras, la consolidación de inventarios de recursos disponibles y la realización de simulacros con la comunidad educativa.
El tercer componente es el manejo de desastres y emergencias, donde cobra especial relevancia la Estrategia de Educación en Emergencias. Esta busca asegurar la continuidad del aprendizaje mediante cinco componentes clave: acceso al sistema educativo, ambientes de aprendizaje seguros, flexibilización curricular, disponibilidad de recursos humanos capacitados y lineamientos político-administrativos que permitan respuestas rápidas y eficaces.
Flexibilidad académica y uso de tecnologías
Para las instituciones de educación superior, el Ministerio recordó que, en el marco de su autonomía, pueden implementar medidas como el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para continuar actividades académicas cuando sea posible. Asimismo, las clases prácticas o presenciales que no puedan desarrollarse temporalmente podrán ser reprogramadas dentro del calendario académico.
Las autoridades educativas deberán socializar oportunamente estas decisiones con estudiantes y docentes. Aunque no se requiere autorización previa del Ministerio para aplicar medidas temporales, estas deberán ser informadas a la Dirección de Calidad para la Educación Superior para su seguimiento.
Finalmente, el Ministerio reiteró que las instituciones que ya cuentan con Planes de Gestión del Riesgo de Desastres pueden articular esfuerzos con los consejos departamentales y municipales, responsables de brindar apoyo técnico para fortalecer la planificación y proteger la vida de la comunidad educativa en medio de la emergencia climática.
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