El Parlamento venezolano, dominado por el oficialismo, aprobó por unanimidad este jueves 5 de febrero de 2026 en primer debate el proyecto de Ley de Amnistía para los presos políticos, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.
La iniciativa, que aún debe ser discutida en un segundo debate y sometida a consultas con diversos sectores de la sociedad, busca perdonar y liberar a personas detenidas o procesadas por motivos políticos desde 1999, cuando comenzó la era chavista en el país.
Aunque se presenta como un paso hacia la “reconciliación nacional”, la ley excluye a quienes hayan cometido delitos graves, como violaciones de derechos humanos, homicidio, narcotráfico o corrupción, y no reconoce explícitamente responsabilidades por abusos del pasado.
Durante la sesión, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, designó una comisión especial —incluyendo a figuras como Nicolás Maduro Guerra y la exministra Iris Varela— para acelerar las consultas, insistiendo en la “necesidad de sanación” y la participación incluso de detenidos, familiares y víctimas.
Rodríguez enfatizó que la consulta debe ser “profunda” para recoger propuestas y testimonios de todos los sectores sociales, mientras que miembros del oficialismo y aliados defendieron la medida como un paso hacia la convivencia democrática.
La legislación también ha generado expectativa en sectores opositores y organizaciones de derechos humanos, aunque persisten dudas sobre su alcance, transparencia y la verdadera liberación de miles de personas encarceladas por motivos políticos en las últimas décadas.
La ley aún deberá superar un segundo debate antes de ser sancionada y entrar en vigencia, y su implementación será un indicador clave del rumbo político que tomará Venezuela en los próximos meses.
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