Quintero se retira de la consulta del Pacto Histórico y Petro lanza dura advertencia: “Golpe antidemocrático”

La consulta del Pacto Histórico, programada para el 26 de octubre, entra en crisis tras la salida de Daniel Quintero. El presidente Gustavo Petro acusa al CNE de desbaratar el proceso electoral a la fuerza.

Una nueva tormenta política sacude al progresismo colombiano. Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, anunció su retiro de la consulta interna del Pacto Histórico, alegando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría “cambiaron las reglas del juego” al impedir el uso del logo del movimiento en el tarjetón electoral.

“Convirtieron la consulta en interpartidista en contra de los acuerdos que firmamos”, dijo Quintero en un video publicado este miércoles. La decisión llega a solo 11 días del proceso que busca definir un candidato único, pero que ahora parece estar en entredicho.

El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza: “El Consejo Nacional Electoral no ha dado las garantías. La desbarata a la fuerza. Es un golpe antidemocrático”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter), criticando la actuación de las autoridades electorales.

El CNE argumenta que el Pacto Histórico no tiene personería jurídica plena, por lo que no puede aparecer como tal en el tarjetón. En su lugar, cada aspirante deberá figurar con el logo del partido que lo respalda, convirtiendo la consulta en un proceso interpartidista.

El problema de fondo, según el exalcalde, es que si la consulta es interpartidista, quien resulte electo no podrá participar en una eventual consulta del Frente Amplio en marzo de 2026, lo que, según Quintero, “busca dividir al progresismo”.

Por ahora, mientras Iván Cepeda guarda silencio, la exministra de Salud Carolina Corcho confirmó que sí participará en la consulta y también cuestionó la legalidad de las decisiones del CNE: “La personería jurídica del Pacto Histórico está plenamente vigente”, afirmó.

La crisis pone en jaque la posibilidad de llegar con un solo candidato a las presidenciales del 2026. El costo del proceso, calculado en COP 169.000 millones, y la incertidumbre jurídica que lo rodea, han encendido las alarmas dentro del bloque progresista.


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