En lo que el presidente Gustavo Petro calificó como “el golpe más grande de la historia contra la minería ilegal”, las autoridades desmantelaron 14 túneles pertenecientes al Clan del Golfo, usados para extraer oro de manera ilícita con un valor estimado en tres billones de pesos al año.
La operación fue liderada por 140 soldados del Ejército Nacional y 120 policías, con apoyo aéreo, posiciones artilladas y drones de reconocimiento. El objetivo: frenar una de las principales fuentes de financiación del grupo armado ilegal, que usaba el oro para alimentar el tráfico de armas y sostener su estructura criminal.
El presidente anunció que estos túneles serán entregados a cooperativas de pequeños mineros tradicionales, como parte de una estrategia para formalizar la minería en la región y cortar el flujo de recursos a las mafias. El Estado, además, comprará el oro a precios competitivos, y promoverá aportes a salud y pensión entre los trabajadores.
“La mafia armada existe gracias a la economía ilícita; si la eliminamos, desaparecen”, afirmó Petro. La Agencia Nacional de Minería, por su parte, tendrá el reto de agilizar la titulación formal para los mineros legales.
Este operativo marca un punto de inflexión en la lucha contra las economías ilegales en el país, y abre una nueva ruta hacia una minería más justa, regulada y sostenible.
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