En Colombia, el contrabando sigue siendo una fuga millonaria de recursos que deberían financiar obras, salud, educación e inversión social. Pero esta semana, el nuevo director (e) de la Dian, Luis Eduardo Llinás, puso sobre la mesa una meta concreta y ambiciosa: reducir el contrabando del 2 % al 1 % del PIB, es decir, cortar esa pérdida de 7.000 millones de dólares a la mitad.
🛃 ¿Cómo lo logrará? Llinás, quien viene de dirigir la UIAF (entidad clave en la lucha contra el lavado de activos), asegura que la clave está en el uso inteligente de los datos y la tecnología:
Implementación de inteligencia artificial
Intercambio internacional de información aduanera
Fortalecimiento de la factura electrónica
Y una modernización profunda de la Dian, apalancada con recursos del BID.
📉 ¿Una batalla cuesta arriba? El problema del contrabando no es nuevo, pero sí persistente. Comerciantes legales reclaman que las autoridades suelen perseguir al eslabón más débil (el vendedor informal), mientras los grandes contrabandistas continúan operando con complicidad dentro del sistema, incluso con el apoyo de funcionarios corruptos.
💬 Y la gente se pregunta: ¿será que ahora sí va en serio?
Los escándalos recientes, como el presunto tráfico de influencias en aduanas durante la gestión anterior, han dejado un sabor amargo. Por eso, aunque el plan suena técnico y potente, el verdadero desafío será romper con la corrupción interna y lograr resultados reales en menos de dos años de gobierno.
📌 ¿Por qué importa? Porque cada peso que se va por las alcantarillas del contrabando es un peso que no llega a la inversión pública. Y porque la percepción de impunidad y falta de control afecta también el cumplimiento voluntario de los impuestos por parte de la ciudadanía.
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