El presidente busca que los hogares de mayores ingresos asuman el costo de la “opción tarifaria” aplicada durante la emergencia sanitaria. El anuncio causó revuelo y aún no hay claridad sobre su implementación.
En una nueva jugada que agitó el debate nacional sobre el modelo tarifario eléctrico, el presidente Gustavo Petro propuso que los estratos 4, 5 y 6 sean quienes paguen la multimillonaria deuda generada por el esquema de “opción tarifaria”, implementado durante la pandemia para evitar un alza en los recibos de energía. La propuesta, calificada por muchos como polémica, fue revelada a través de la red social X, donde el mandatario suele anunciar decisiones clave de su gobierno.
Petro explicó que dicha deuda no fue responsabilidad directa del Estado, sino que se estructuró desde el gobierno anterior como una obligación de los usuarios. “La deuda llamada ‘opción tarifaria’ no es producto de un incumplimiento de la Nación. Se estructura desde el principio por el expresidente Duque, como deuda de los usuarios”, afirmó. En su visión, ahora lo más justo es que quienes tienen mayores ingresos asuman esa carga.
El jefe de Estado lamentó que su propuesta de convertir esta deuda en una obligación pública no haya prosperado en el Congreso. Señaló directamente a las comisiones económicas dirigidas por Cambio Radical y el senador Efraín Cepeda, quienes archivaron el proyecto de ley de financiamiento que incluía esa solución. Como alternativa, insistió en que el nuevo esquema de pago deberá estar condicionado al nivel de ingreso de cada hogar, aunque no especificó cómo se medirá ni se aplicará.
Desde el Consejo de Ministros, el Gobierno presentó un balance del esfuerzo fiscal realizado hasta ahora. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó desembolsos por $923.000 millones en subsidios a las tarifas eléctricas y anunció un nuevo giro de $400.000 millones para abril. Por su parte, el ministro de Minas, Edwin Palma, reiteró la necesidad de una reforma estructural al modelo tarifario vigente y defendió que los hogares más acomodados contribuyan a sanear esta deuda acumulada.
Sin embargo, la propuesta presidencial dejó abiertas muchas preguntas. ¿Cómo se determinará quién paga más? ¿Qué marco legal la respaldará? ¿Será constitucionalmente viable? Por ahora, millones de colombianos esperan detalles mientras el debate sobre justicia tarifaria y sostenibilidad fiscal se enciende aún más.
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